Cicuta
Jaime Flores Martínez
Ingratos
Al gobierno de Tijuana le importa un comino el sufrimiento de viven los deudos de los policías caídos en cumplimiento de su deber. Tan solo en la presente administración han muerto 47 elementos policiacos y los ciudadanos tenemos la impresión que la propia autoridad se ha encargado de "echarles la tierra".
Los habitantes de Tijuana saben que el gobierno local ha prometido apoyo irrestricto y atención inmediata a los familiares de los policías que fallecieron de manera heroica. El compromiso incluye soportar los estudios de los huérfanos, la manutención a las viudas, el finiquito correspondiente, atención medica y apoyo psicológico, entre otros. Sin embargo, en ninguno de los casos se ha cumplido con el compromiso. Incluso el gobierno dejo de colocar las fotos de uniformados muertos en la esfinge erigida a los policías caídos en cumplimiento del deber.
El excesivo número de policías muertos motivaron que la autoridad realizara los funerales en el cuartel militar de la colonia Morelos. Las explicaciones que daba el alcalde a los reporteros se le habían acabado. Los insidiosos periodistas grababan sus palabras y mas tarde le reprochaban su incumplimiento.
Para información del respetable, el actual gobierno abandonó a los familiares de los policías que arriesgaron su vida por la seguridad de todos. Ellos entregaron su vida por defender a la sociedad, tal como lo pedían el alcalde Ramos y el secretario Leyzaola.
Quizá confiados en la palabra de sus superiores, muchos uniformados se enfrentaron a los delincuentes sin saber que su esposa e hijos quedarían en el desamparo. El alto riego que corren los policías no les permite contar con un seguro de vida. El compromiso del municipio es entregar a los deudos 500 mil pesos si su muerte es dentro de su horario de trabajo y 250 mil si ocurre en horas inhábiles.
Sépase que el administrador de la Secretaría de Seguridad Publica Municipal José Cervantes Govea, es el encargado del monto de los finiquitos que se entregan a los familiares. Dicen los deudos que lo recursos siempre llegan recortados porque no toman en cuenta la comisión que desempeñaban hasta el momento de su muerte, es decir, el finiquito lo realizan conforme al escalafón laboral que tengan en el momento de su fallecimiento.
El miércoles 12 del mes pasado, el alcalde Jorge Ramos revelo que de 2 mil aspirantes a policías solamente se aceptaron 57, pues el resto reprobaron una el examen que se aplica para conocer "que los motiva a convertirse en policías".
Seguro que los rechazados no saben que los policías no tienen pensión al momento de retirarse, ni tampoco la tendrán sus familiares en caso que lo maten antes; No existe la jubilación ni cuota de retiro. Los servicios médicos son suspendidos un mes después de su separación del cargo; su familia corre con la misma suerte. En caso de solicitar su finiquito, la administración les descontará cualquier herramienta que hayan extraviado, ya sea un radio, un chaleco ó una pistola.
En caso que el oficial muera fuera del horario de trabajo, sus familiares no gozaran siquiera de los Servicios Médicos Municipales. Al gobierno le tiene sin cuidado si –al momento de morir—el policía no tenia casa propia. A pesar de sus múltiples promesas el alcalde no a entregado una sola casa a las viudas de los policías caídos.
Las familias de esos policías asesinados, denuncian que los uniformados atendieron las instrucciones del alcalde Jorge Ramos y del secretario de Seguridad Publica Julián Leyzaola Perez, al arriesgar su vida a favor de la sociedad, aunque nunca esperaron que la autoridad dejara a sus seres queridos en el desamparo.
El propio Ramos abrazó a las viudas para prometerles que tendrían "todo el apoyo de su gobierno" pero hasta hoy no ha llegado. Una persona que testifico esta queja, estima que "el desamparo" es la capacidad que tiene un gobierno que promete todo el apoyo.
Integrantes de la Asociación Brazos Abiertos se han convertido en un apoyo real para las personas que sufren la ausencia del policía-jefe de familia. En noviembre pasado, un grupo de ciudadanos altruistas participaron en una colecta que pretendía reunir recursos para apoyar a los familiares de policías asesinados.
La señora Carmina Capuchino de Osuna entregó 500 mil pesos y Maria Elvia Amaya de Hank 50 mil pesos. Esos fueron los apoyos que destacaron en una colecta marcada por le desden del gobierno municipal. El alcalde Ramos no deposito un solo peso en las alcancías, mientras que el secretario Leyzaola le prohibió a los uniformados acercarse a Brazos Abiertos.
Con el poco dinero reunido durante la colecta, Brazos Abiertos abrió una cuenta de nomina a 52 viudas de policías. Cada una recibió una tarjeta plástica bancaria donde Brazos Abiertos deposita 200 pesos por semana en caso que el policía asesinado haya dejado a un hijo en la orfandad. 300 pesos semanales en caso que los huérfanos sean dos, y 400 pesos si son más de tres niños los que dependían del uniformado.
Alberto Licona, policía retirado con más de 40 años de servicio, encabeza
En pocas palabras, el gobierno les pide que se jueguen la vida pero no es capaz de cumplir sus promesas. El gobierno es ingrato, por decir lo menos. Dicen que un diputado federal saldrá al rescate. Ojala.
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