Cicuta
Jaime Flores Martínez
Orondo
Si acaso le queda una pizca de dignidad, Gregorio Barreto Luna debe renunciar a la candidatura de la Coalición por un Gobierno Responsable por el XIII distrito electoral. Algunos de sus detractores estiman que la presencia de Barreto en la candidatura es un daño irreversible para el PRI y para los choferes.
Cientos de trabajadores del volante de la empresa de Pasajeros Urbanos y Suburbanos Calfia de Tijuana, consorcio que opera las llamadas "Calafias", acusan que además de aspirar a una curul en el Congreso del Estado, Barreto Luna intenta perpetuarse como presidente del consejo de administración de esa empresa para "explotar" a placer a los trabajadores del volante.
En un documento dirigido a los accionistas de esa empresa, "el legitimo Consejo de Administración" (a cargo de José Vicente Raúl González Luna), asegura que Barreto cobra ilegal y descaradamente, cuotas de mil pesos mensuales a cada uno de los choferes que laboran en las calafias rojo y crema, además de cobrar "derecho de piso" a cada unidad de transporte, en montos que van desde los 50 a los 120 pesos diarios.
Los transportistas refieren que debido a las corruptelas de Barreto, en el 2004 decidieron denunciarlo ante las autoridades correspondientes. Explican que desde el año 98 dejo de rendir cuentas a lo socios y desde esa fecha fue desconocido como presidente del Consejo de Administración, aunque denuncian que ha mantenido sus operaciones en forma paralela.
Inconformes con su actuación, promovieron un juicio mercantil (01 2004) por el desacato en la rendición de cuentas contra el propio Barreto Luna, además de Genaro Alfaro Gómez, Antonio Campos Alemán y Enrique Soto Camacho. Todos ellos fueron multados hasta en tres ocasiones por desacatar la resolución.
El pasado dos de febrero, la juez decimotercero de distrito en el Estado Rosa Eugenia Gómez Tello Fosado, resolvió girar oficio al agente del Ministerio Publico por el delito de desobediencia civil. Para mostrar que su buena voluntad y plasmar su candidez, Barreto Luna había presentado cifras simples aunque sin sustento contable. Los números en una servilleta de papel, sirven para lo mismo.
No es la primera vez que la gruesa figura de Barreto se involucra en un escándalo por el manejo de los dineros ajenos. El auto nombrado "zar calafiero" enfrento un conflicto legal con el Instituto Mexicano del Seguro Social por incumplimiento en el pago de cuotas, aunque aquí también se perciben ciertas irregularidades.
Alguien debe explicar porque el IMSS le embargo a Barreto un mismo predio en dos distintas ocasiones. Se trata del lote 15, manzana 104 del fraccionamiento Guaycura, con 190 metros cuadrados de superficie. La primera ocasión fue el 12 de noviembre del 2003 por un monto de 420 mil 131 pesos y el segundo el 24 de julio de 2007 por 3 millones 410 mil 135 pesos.
Los socios del "legitimo Consejo de Administración", aseguran que Barreto busca la manera de convertirse en el dueño absoluto de la empresa con la intención de enriquecerse a través de la exigencia del pago de cuotas y derecho de piso a los trabajadores del volante. Si logra tener el control de la empresa, entonces tendrá la facultad de cobrar cuotas a discreción, evadir la rendición de cuentas y con ello erigirse como modelo de impunidad.
Esa es la pretensión de Barreto al buscar convertirse en diputado por el XIII distrito electoral por la Coalición por un Gobierno Responsable que integra al PRI y al Partido Verde.
Un comunicado de prensa divulgado el miércoles por la tarde, señala que luego de su registro como candidato a diputado, Barreto Luna señaló ante "unos 200 simpatizantes" que debían guardar esa energía hasta el próximo 6 de mayo, fecha en que inician formalmente las campanas políticas. "Queremos ser respetuosos de los reglamentos electorales y respetaremos las fechas marcadas para hacer campañas", dijo Barreto.
Los inconformes con su actuación, aseguran que –en su intento por ser diputado-- este personaje solo busca la impunidad para cometer más tropelías, retacarse las alforjas, aplastar aun mas la maltrecha economía de los choferes y de paso triturar la pobre imagen de su partido. Dios nos guarde.
Hado
Tremendo berrinche hizo el regidor del Partido Nueva Alianza Juan Pablo Rodríguez Gil, por el contenido del articulo publicado el pasado 21 de abril, donde se hace alusión a su amor por la pereza y a su afición por divertirse, aunque --dicho sea de paso—andar de fiesta no es un delito, aunque si una irresponsabilidad si se realiza en horas de trabajo.
Aquí se hizo alusión a su fobia por el trabajo y su inclinación por empinar el codo, además de su gusto por departir con jóvenes que simpatizan con la legalización de la hierba. Dicen que la mañana del pasado miércoles, el joven Rodríguez contrarresto la hiel de su furia, con un enorme vaso de escocés en las rocas.
Personas conocedoras de las practicas familiares de los Rodríguez, aseguran que la señora Deyanira Yolanda Sánchez Labrada se encuentra a punto de demandar a su ex esposo por incumplir con la pensión alimenticia. Alguien perfectamente enterado, revela que esta joven recién se divorcio de Fernando Rodríguez Gil, coordinador de bibliotecas de Tijuana, hermano de Juan Pablo.
La versión obtenida asegura que ese matrimonio "se fue a pique" debido a las aficiones practicadas por los hermanos Rodríguez Gil, de tal forma que Yolanda Sánchez podría estar de acuerdo en la practica de un examen antidoping para su cuñado y su ex esposo.
El lunes 19 personal de la Sindicatura acudió al área de regidores con la intención de invitarlos a realizarse la prueba antidoping, aunque al menos seis ediles no se practicaron el examen porque –coincidentemente-- no se encontraban en su oficina. Suertudo el Selvita.
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