Cicuta

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Jaime Flores Martínez

Codicias

Decididos a saciar sus ambiciones económicas a través del ejercicio del poder, algunos funcionarios estatales están a punto de afectar la economía de Baja California. Esos servidores públicos, cegados por la codicia, decidieron suspender la transportación terrestre del gas domestico y de la materia prima utilizada por la industria. Resulta que el arquitecto Jorge Monraz Sustaita, el director general de ADMICARGA, suspendió unilateralmente el contrato que este organismo descentralizado tenia firmado con la trasnacional Carrizo Gorge Railway para el traslado de carga de Estados Unidos a Tijuana.  Sin argumentos de por medio, el arquitecto Monraz pudo seguir instrucciones "de arriba" para entregarle el contrato de asignación a una empresa mexicana que ni siquiera tiene vagones para realizar los traslados de la carga.

El mayor merito que tiene la empresa baja California Railroad es que su representante es el señor Dimas Campos, un gasolinero de Tijuana que tradicionalmente ha apoyado las campañas políticas del Partido Acción Nacional.  Hace un par de años, Dimas Campos habría recibido la promesa del extinto secretario de gobernación Francisco Blake Mora de entregarle el contrato de asignación para transportar insumos necesarios para mantener viva la economía de Baja California.

Aunque la intención de Campos se vio frustrada por el sorpresivo fallecimiento de Blake Mora, se supone que esa determinación fue retomada por el actual secretario general del Gobierno de Baja California Cuauhtémoc Cardona Benavides, mejor conocido como el "ven p'aca Cardona". Este ultimo habría instruido al director de ADMICARGA para que suspendiera el acuerdo con Carrizo Gorge Railway y entregárselo a Baja California Railroad.

El arquitecto Monraz Sustaita, se encargó de armar una madeja de confusiones (que incluyó la suspensión de pagos) para dejar fuera a la empresa extranjera. Cuan descarada fue esta estrategia que la empresa Baja California Railroad intentó "rentarle" los vagones al consorcio norteamericano al que –por su culpa--desplazaron. Además de esquivar la realización de una licitación para entregar la asignación a Baja California Railroad, a ADMICARGA  le importó sombrilla el eventual desabasto de gas domestico, el arribo de forrajes y granos, además de la materia prima utilizada mayormente por una empresa cervecera considerada el sostén económico del municipio de Tecate.

La descentralizada ADMICARGA fue creada por la autoridad estatal en el año 2000 para garantizar el abasto de insumos necesarios para mantener a flote la economía del corredor Tijuana-Tecate. El gobierno federal le "asignó" al gobierno bajacaliforniano la facultad de "administrar" la carga y por ello se creó este organismo público descentralizado.

Seguramente el gobierno federal se enterará que la autoridad estatal recurrió a un cúmulo de acciones desaseadas para beneficiar a personas que garantizan apoyos económicos a su partido en un año electoral, aunque el riesgo mayúsculo es la afectación al abasto de insumos tan necesarios como el gas domestico que –en este caso—representa el 70 por ciento de la carga diaria.

Y no se trata de defender a una empresa trasnacional que debe tener recursos para defenderse sola, sino destacar el riesgo que corre la económica de la zona Tijuana-Tecate por caprichitos de funcionarios que maniobran por obvios intereses económicos.

Si la autoridad federal realiza una profunda investigación, seguramente conocerá que el Gobierno del Estado ya violo el acuerdo establecido en el año 2000 y seguramente le reiterará este beneficio. Con ello el arquitecto Jorge Monraz Sustaita se quedará sin trabajo, el señor Dimas Campos no tendrá que suplicar a la empresa gringa que le rente vagones y el gobierno estatal perderá un financiador nato de sus campañas políticas.  Al confirmarse lo aquí revelado, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes podría actuar legalmente contra el gobierno del Estado por un eventual delito federal cometido –en este caso-- contra las vías generales de comunicación.

 Llantos

Muy indignados con los atropellos cometidos por el alcalde de Tijuana, algunos ciudadanos se preguntan si el presidente municipal de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo asumió su cargo para administrar la ciudad o para destruirla. Es obvio que al señor Bustamante le importa una lenteja la rabia social que genero la demolición de edificio histórico que sirvió para albergar (por 42 años) la Comandancia de Policía, la cárcel publica municipal, los talleres del Ayuntamiento y el cuartel de bomberos.

Resulta obvio que al señor Bustamante "le vale" lo que piensen los ciudadanos. A este hombre le viene guanga la molestia social por el derrumbe de una parte importante de la historia de Tijuana. El colmo del descaro lo ejemplifico el dicho del secretario general de gobierno, Alcide Roberto Beltrones, quien la semana pasada dijo que la demolición de la Ocho significaba acabar con una parte de la historia negra de Tijuana. Hasta donde se sabe, don Alcide no fue recluido en esas instalaciones. ¿A que podría referirse al hablar de una parte de la historia negra de Tijuana?

Muchos ciudadanos piensan que al alcalde lo movió la ambición desmedida, aunque otros consideran que Bustamante es un gran amigo que se atreve a esquivar la furia social para quedar bien con un comprador que seguramente es su amigo. Ubicados en este escenario, hay quien piensa que la persona (o el consorcio) que adquiera ese inmueble es alguien que carece de calidad moral

Una reciente versión señala que una empresa constructora dedicada a fabricar mini-casas en serie podría ser el adquirente de esa propiedad. Si acaso Carlos Bustamante es tan sensible como las lagrimas derramadas durante la ceremonia del Día del Policía, nadie podría imaginarse el sentimiento de culpa que tendría al ordenar la destrucción de un icono de Tijuana para entregárselo a "alguien" que goza de su aprecio.

Comentarios: cicuta45@gmail.com