QUE EL ESTADO NO SÓLO PROMUEVA, SINO GARANTICE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 QUE EL ESTADO NO SÓLO PROMUEVA, SINO GARANTICE SERVICIOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

 

·         Presenta Nancy Sánchez Iniciativa de reformas a la Ley para Personas con capacidades diferentes.

·         Propuesta de organizaciones sociales, expertos y padres de familia.

·         Lleva a la PDH a vigilar su complimiento.

 

 

TIJUANA.- La propuesta de iniciativa de Ley para Personas con Discapacidad que promueve el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Local, busca no sólo que el Estado promueva, sino que garantice el acceso a la educación, al trabajo, a la salud de los discapacitados y que la Procuraduría de los Derechos Humanos, vigile su cumplimiento.

"Esta iniciativa está casi escrita con sangre, casi hecha con sangre", estableció la diputada Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, inicialista de la propuesta, es producto de casi cinco meses de trabajo con grupos dedicados a la atención de la discapacidad y expertos en estos temas, que permitirá sacar de la opacidad a quienes padecen estos problemas, ser reconocidos y atendidos.

La legisladora encabezó con Heriberto García Garcia, Procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado (PDH), la reunión de la presentación de la iniciativa de reforma de la Ley para las Personas con Discapacidad, que en breve será puesta a consideración de los legisladores locales.

En esta reunión, señaló que lo importante es que es el primer paso para modificar otras leyes y "establecer una responsabilidad mayor por parte del Estado, por parte de quienes debemos poner el ejemplo en el tema de la atención de la discapacidad".

Durante los distintos foros y reuniones de trabajo realizados con organizaciones dedicadas a buscar las soluciones para la atención de discapacitados como los sordos o los autistas, se estableció que los distintos órdenes de gobierno no tienen políticas de apoyo o de atención a las miles de personas que viven con una discapacidad y se les impide su integración a la sociedad.

"Nuestra responsabilidad como diputados y gobierno, es ahora no sólo el procurar, sino garantizar el acceso a la educación, al trabajo o a la salud", reiteró Sánchez Arredondo.

Para esto --explicó la diputada priísta-- no existen escuelas oficiales de atención especializada o programas con maestros expertos en estas discapacidades para darles a los niños enseñanza regular; no hay trabajadores expertos en las áreas para ofrecer ayuda en las guarderías oficiales y tampoco hay programas de fomento de la inclusión de discapacitados en el sector laboral".

Destacó el trabajo realizado por diversas asociaciones civiles y "en especial el involucramiento de los padres de familia, para hacer realidad las propuestas de reformas que tenían mucho tiempo solicitándose y que en otros tiempos se estaban haciendo detrás del escritorio".

Consideró que Baja California puede volver a ser ejemplo nacional "ahora en el tema de las discapacidades, si nos apoyamos todos, si nos involucramos, empezando por las secretarías de Educación, del Trabajo y la de Salud".

Aceptó que con esta reforma se le da carpetazo a la discriminación y a la actuación a veces limitada de los gobiernos de de promover y dar a conocer la inclusión de personas con discapacidad en la vida social regular.

La iniciativa de reformas a la Ley para Personas con Discapacidad, aprobada el 29 de septiembre del 2010 por Congreso local, no contempla aspectos fundamentales para la atención e integración, de grupos de la sociedad que experimentan alteraciones funcionales significativas como son las personas con discapacidad mental, pues sólo se cita la existencia y concepto en general, más no el compromiso de atenderla con puntualidad y de acuerdo a sus requerimientos.

También denota la falta de criterios para la planeación de los servicios de rehabilitación, ha traído como consecuencia la incompetencia para ofrecer tratamientos integrales, por lo que se plantea este reconocimiento y en especial el del autismo.

En lo general busca darle claridad al texto normativo, eliminar la confusión generada por el manejo arbitrario e conceptos y establece mecanismos específicos para reforzar la aplicación y supervisión de los derechos de las personas con discapacidad.