CICUTA

Cicuta

Jaime Flores Martínez

Acorralados

Decidido a minimizar la responsabilidad que tiene la autoridad municipal en las armas encontradas en la residencia del empresario Jorge Hank Rhon, el gobierno de Carlos Bustamante Anchondo prefiere mirar hacia otro lado.

Hace justo una semana, Cicuta revelo el arribo del director general del Registro Federal de Armas de Fuego de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), general José Luis Ramón Velazco Guillen, quien llego a Tijuana a ubicar a los responsables de sacar armas de fuego del almacén del cuartel militar para entregarlo a los policías comerciales.

Alguien que tenía acceso a las instalaciones militares utilizo ese armamento para repartirlo a los policías que el gobierno municipal "renta" a muchas empresas privadas, entre ellas el Grupo Caliente, propiedad de Hank Rhon. Si alguien quiere tener un oficial policiaco armado para cuidar su negocio o para resguardar la integridad física de algún personaje, entonces debe contactar a Julián Domínguez, directo de la Policía Comercial, quien le dirá cuánto dinero le cuesta tener un guardia.

El precio depende de la capacidad del elemento y desde luego del tipo de arma que porta. Si el guardia de seguridad porta un arma Pietro Beretta (amparada con la Licencia Oficial Colectiva numero 186) el precio oscila entre 800 y mil 500 pesos por turno. Si el requerimiento es que el guardaespaldas porte un pavoroso "cuerno de chivo" el precio fácilmente puede triplicarse.

Las personas interesadas en tener un guardia de seguridad con arma de fuego, obligadamente deben recurrir a la Policía Comercial. Aquel ciudadano que decide contratar una empresa de seguridad privada, entonces deberá resignarse a tener a un simple vigilante porque ellos no están autorizados a portar armas. Al menos así lo manejan las autoridades municipales.

Sin embargo, Cicuta tiene en su poder la copia de un oficio expedido por la Secretaria de la Defensa Nacional, firmado por el director general del Registro Federal de Armas de Fuego y Explosivos general José Luis Ramón Velasco Guillen,  donde "se ratifican disposiciones contenidas en la revalidación de su licencia oficial colectiva".

En términos muy concretos, el general Velasco asegura que " existen corporaciones bajo diversos nombres o razones sociales controladas por la Coordinación General del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Publica , bajo el amparo de la Licencia Oficial Colectiva 186, otorgada por la Secretaria de la Defensa Nacional, los cuales indebida e ilegalmente proporcionan servicios de seguridad privada a empresas, personas e instalaciones privadas y, en ocasiones, excede su jurisdicción".

Para que quede más claro, la Secretaria de la Defensa no permite que los gobiernos municipales o estatales "renten" policías para resguardar intereses privados.

Mas allá de esa precisión, el gobierno de Tijuana corre el riesgo que la SEDENA llegue a cancelar la licencia colectiva numero 186 al descubrir que algunas de las pistolas encontradas en la residencia de Hank Rhon fueron sacadas del cuartel militar para entregárselas a los policías que más tarde le rentaron a Grupo Caliente. Por eso Hank, en la conferencia que ofreció el pasado lunes, asegura "que ninguna de esas armas eran de el"

El artículo 85 bis mantiene aterrados a los responsables de utilizar armas que estaban en poder del Ejercito, pues este apartado advierte que "se impondrá de cinco a quince anos de prisión y de cien a quinientos días de multa" a quien haga mal uso de las licencias.

A su llegada a Tijuana, "alguien" entrego al general Velasco Guillen un paquete de oficios de la Secretaria de Seguridad Publica de Tijuana, donde comisiona a varios elementos de la Policía Comercial de Tijuana a realizar labores de "escolta"  al ciudadano (aquí el nombre del personaje).

Dirigido a "las autoridades Civiles y Militares", el escrito refiere que el policía en mención porta una arma Pietro Beretta, modelo, tipo y calibre, número de matrícula, numero de inventario, la cual se encuentra dentro de la licencia Colectiva 186, según oficio tal, con fecha tal.

Uno de esos oficios en poder del general Velasco Guillen está firmado por el ex secretario de Seguridad Publica de Tijuana, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, con copia al entonces director de la Policía Municipal Gustavo Huerta Martínez y para el ex director de la Policía Comercial Rubén Nieto Aranda. En el mencionado escrito (cuya copia obtuvo Cicuta), Leyzaola Pérez solicita a las autoridades civiles y militares "se sirvan impartirle las garantías necesarias para el bien desempeño de la comisión asignada dentro de sus atribuciones legales".

Conocedores del tema aseguran que ese tipo de prácticas fueron heredadas por el actual secretario de Seguridad Pública Municipal Gustavo Huerta Martínez y por el recién nombrado director de la Policía Comercial Julián Domínguez. En resumen, el general Velasco tiene sobre la espalda una pesadísima loza, porque cuenta con las pruebas necesarias para conseguir encarcelar a varios… militares.

Asequible

Muy sonriente inicio esta semana el sacerdote rosaritense Raymundo Figueroa Pérez, pues el Juzgado Noveno de Distrito le otorgo el lunes el amparo definitivo que le impide ser arrestado por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). De esta manera la polémica juez Blanca Evelia Parra Meza se convierte en el "ángel protector" del llamado padre desobediente.

Alguien bien enterado asegura que el pasado lunes el padre Figueroa se mostró sonriente al salir a la calle y levantar el rostro para que lo iluminara el sol. El sacerdote Figueroa siente que –al conseguir el amparo definitivo—le aplicó tremendo palo al arzobispo metropolitano Rafael Romo Muñoz. Cierto, Figueroa no podrá ser detenido por el caso del arzobispo, pero queda vulnerable por el caso Ruiz Enciso.

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