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Cicuta

Jaime Flores Martínez

Popote

Decidida a defender su puesto a pesar de sus intermitentes torpezas, a la directora de Averiguaciones Previas de la Procuraduría estatal en Tijuana Josefina Valencia Espinoza, le importa un popote aplastar la dignidad de sus subalternos. La licenciada Valencia acostumbra lanzar la piedra y esconder la mano

Seguramente el procurador de justicia Rommel Moreno conoce con detalle el robo de 25 mil dólares de la Agencia del Ministerio Publico encargado de investigar los delitos sexuales. El propio procurador revelo el 10 de enero que "alguien" tomo ese dinero de las instalaciones que ocupa el MP. Pareciera que otro "alguien" pretende echarle tierra al asunto. La realidad es que fue el gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán quien emplazó al procurador "a resolver ese asunto".

En lo que se considera una maniobra rapidísima, el fiscal estatal sacó la cara para anunciar la separación temporal de tres empleados de la Procuraduría para determinar su responsabilidad en el "extravío" de ese dinero. Rommel mandó a la congeladora a los agentes del Ministerio Publico Antonio Martínez Fonseca y Martin Sánchez Puerta, además de un oficial de la Policía Ministerial identificado como Jesús Martínez. Aunque, vale aclarar, este último fue suspendido temporalmente por un asunto distinto: la Procuraduría aprovechó para integrarlo al paquete.

Presionado por el gobernador, Rommel Moreno separó de su cargo a esos empleados para justificar su labor y no para profundizar en el caso. Está claro que esa personas no son responsables del hurto, aunque no hay duda que –generalmente—" el hilo se rompe por lo más delgado".

En lugar de suspender a esos tres funcionarios, el procurador debió destituir a la directora de averiguaciones previas porque ella la responsable directa de lo sucedido. Tal vez Rommel Moreno desconoce que Josefina Valencia toleró que  el administrador de los bienes de la Procuraduría Luis Alberto Angulo no quiso hacerse cargo del dinero apretujado en una caja de cartón.

Luis Alberto Angulo prefirió seguir la juerga y mandó al demonio a la licenciada Valencia Espinoza a mediados de diciembre. Angulo le dijo que "no podía atender la petición" porque en ese momento se encontraba en una posada. La directora de Averiguaciones Previas levanto los hombros ante el desplante de Angulo, porque este hombre es un panista muy apegado al gobernador Osuna.

El articulo 52 fracción X del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría de Baja California, señala que es obligación del director de Averiguaciones Previas "supervisar y vigilar el control de los archivos, así como de los objetos y valores asegurados que se relacionan con actas de averiguación previa, debiendo de proceder en caso de armas de fuego y fianzas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y lineamientos de operatividad existentes". En otras palabras la responsabilidad es de la licenciada Valencia y no de las tres personas suspendidas.

Respecto a la responsabilidad del director administrativo Luis Alberto Angulo, el procurador no debe tolerar que los funcionarios públicos antepongan las francachelas a la enorme responsabilidad que implica el servicio público. Seguramente el procurador sabe que el señor Angulo se promueve desde la coordinación administrativa de la PGJE como candidato del PAN a la diputación del distrito X para la elección del año próximo. ¡Vaya descaro!

Para información de los lectores, en la Procuraduría de Justicia del Estado se dieron cuenta –un mes después-- que en la caja de cartón donde se guardan los valores faltaban 21 mil dólares y 67 mil pesos. Resulta que en el operativo realizado en bares de la Zona Norte por autoridades federales, fueron incautados 20 mil dólares a tres bares donde aparentemente se había trata de personas. Los 67 mil pesos salieron de los bolsillos de los burdeleros para el pago de la fianza de las siete personas detenidas por el supuesto delito de lenocinio.

A finales del mes pasado, el procurador Rommel Moreno reconoció ante los medios de comunicación que en las instalaciones de la Procuraduría de Tijuana no se cuenta con una caja fuerte para el resguardo de valores. Rommel Moreno pasó por alto que el edificio de la PGJE en Tijuana es un inmueble inseguro y vetusto que no cumple con la mínima seguridad y –además-- pone en riesgo la operatividad.

La caja de cartón colocada en el piso de una oficina cuya ventana no tiene reja y el picaporte no funciona. A ese despacho fácilmente puede ingresar cualquiera. En resumen la falta de seguridad fue ignorada por la directora de Averiguaciones Previas, quien no se atrevió siquiera a exigirle al coordinador administrativo Luis Alberto Angulo que cumpliera con su responsabilidad. Así pues, el procurador tomó una decisión ligera que pretendió ser espectacular.

Dolencias

Inconforme por los señalamientos del lunes, el secretario de Desarrollo Social de Tijuana David Saúl Guakil ordenó la publicación de una carta aclaratoria dirigida al escribiente. Afirma que Cicuta desinforma y difama. Dice que en su carácter de aspirante priista al senado, acata la resolución del CEN del PRI de registrar una sola fórmula de precandidatos: "he tenido como norma, hacer honor a la palabra empeñada y a los documentos suscritos" señala Saúl Guakil, aunque –claro-no pierde oportunidad para irse a la garganta de Cicuta.

"Por eso, enfáticamente le afirmo, que lo que usted publica en su columna  haciendo mención de mi persona, es total y absolutamente falso y el mejor testigo de lo que usted narra es el Presidente del CEN del PRI Pedro Joaquín Codwell, cuyas principales virtudes son ser un hombre honesto y respetuoso, y a quien de una manera irresponsable  involucra en su truculenta y falsa historieta". Cicuta –precisa—que no tiene empacho en publicar la sarta de dolencias de David Saúl Guakil. El autor de esta columna no tiene la piel de cebolla.

Comentarios: cicuta.info

 

Jaime Flores Martinez