CICUTA

Cicuta
Jaime Flores Martínez

Vulnerabas

Decidida a encarcelar a 122 policías bajacalifornianos, la Sub-procuraduría Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO), decidió recurrir a un juez federal "que no fuera tan quisquilloso". La dependencia federal estaba indignada porque Javier Sáenz Hernández, juez primero de distrito  en la Ciudad de Tepic, solo había concedido la orden de aprehensión a 25 de los 122 elementos policiacos.

Por eso el Ministerio Publico de la Federación solicito al juez Osvaldo López García, cuya sede es el Estado de Tamaulipas, girar la orden de aprehensión contra esos 122 policías que habían sido mencionados por delincuentes cobijados bajo el programa de testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR). En pocas palabras, la SIEDO estaba decidida a encarcelar policías si investigación previa, aunque esto resultara violatorio de la ley. ¿Para qué están las leyes sino para violarlas?.

La mañana del miércoles 28 de julio, millones de ciudadanos observaron en las pantallas de televisión, los rostros de 62 oficiales policiacos de Baja California, que fueron arrestados por los militares. En una improvisada rueda de prensa realizada en las instalaciones aéreas militares de Tijuana, fueron exhibidos 62 policías municipales y estatales. Todos ellos fueron responsabilizados de mantener vínculos con la delincuencia organizada.

Además de un policía municipal que se "encañonó" con el arma de un soldado (a quien reto a "jalarle"), los ciudadanos mexicanos observamos al policía ministerial Francisco Rodríguez Pacheco, quien se atrevió a insultar al Secretario de Seguridad Pública del Estado Daniel de la Rosa Anaya y al procurador de Justicia  Rommel Moreno Manjarrez. La escena está grabada en la mente de muchos mexicanos.

El caso es que el pasado 10 de enero, Cicuta se refirió al caso del ministerial Ricardo Groves Malo, quien milagrosamente se libro de ser detenido en aquel operativo militar de finales de julio. Aquí se hizo referencia a la decisión de la Procuraduría Estatal de destituir a Groves por no asistir a sus labores. También se menciono que la PGJE le negó el permiso para faltar a su labor, pues un juzgado de distrito le había otorgado un amparo.

La noche del múltiple arresto,  Groves Malo asistía a los funerales del comandante de la Ministerial de Rosarito Marco Antonio Sánchez. Un día después supo que los militares lo habían buscado y que habían sido 122 órdenes de aprehensión. Desde ese momento decidió conseguir un amparo de la justicia federal, pues no era justo que la SIEDO hubiese confiando en la palabra de Carlo Alejandro Melo Albarrán, un testigo protegido identificado por la PGR como la Kika.

Hace apenas unos días, Groves Malo envió un amplio texto a Cicuta donde se refiere "a los nuevos métodos que utiliza el gobierno federal para atacar a la delincuencia organizada. Afirma que la SIEDO utiliza el dicho de delincuentes confesos para involucrar policías sin tener pruebas documentales y sin permitir que los oficiales policiacos señalados "tengan un careo con sus acusadores".

A nombre de muchos policías que han sido acusados por delincuentes que forman parte del programa de testigos protegidos, Groves demanda que la autoridad federal ventile los nombres de esos testigos y no únicamente su nombre clave.

Para la generalidad de las personas acusadas (sean o no culpables), resulta indignante que la PGR asuma como verídico el dicho de un delincuente confeso, y mucho mas grave que la autoridad no conceda el beneficio de la duda a los señalados. Desde algún lugar de Tijuana, el oficial Groves subraya como los términos legales son manipulados sobre "aquellos que no tienen vínculos con la delincuencia organizada". Recuerda que días después de la captura de Ángel Jácome Gamboa, alias el Kaibil, acudió a la capital mexicana a interrogarlo por diversos casos donde aparentemente estuvo involucrado.

Groves Malo despachaba como comandante de la Policía Ministerial en Rosarito, donde entes fue jefe de grupo de Homicidios y años atrás despacho como agente. Con 30 años ininterrumpidos de labor, dice sentirse acorralado pues las propias autoridades se han encargado de arrinconar a los oficiales policiacos que resultaron incómodos para los delincuentes.

Subraya que la Procuraduría de Justicia del Estado no cuenta con un departamento jurídico que abogue o que aclare las imputaciones que hacen contra ellos los delincuentes. Ellos, en todos los casos, deben aprender a defenderse solos. Están obligados a conocer las leyes e incluso a asesorar a los abogados que se muestran apáticos en apoyar a policías que no tienen recursos económicos.

Mientras la Procuraduría Estatal no mueve un dedo para apoyar a los oficiales arrestados o perseguidos por el simple dicho de un delincuente confeso, muchos otros policías sacan ventaja de su relación con narcotraficantes, aunque la mayoría de ellos se mantienen impunes.

Especialistas

De muy poco sirvió el traslado de un centenar de priistas bajacalifornianos que desde principios de enero viajaron al Estado de Guerrero para "apoyar" a Manuel Añorve,  candidato de la Coalición Tiempos Mejores para Guerrero, compuesta por el PRI, Panal y Partido Verde. La Coalición Guerrero Nos Une (formada por el PRD, PT y Convergencia) aplasto las intenciones de Añorve.

Entre los "operadores políticos" que se trasladaron a Guerrero estuvieron el ex diputado Enrique Acosta Fregoso,  El ex visitador de la CNDH Daniel Romero Mejía, el ex precandidato a la alcaldía de Rosarito Javier Hernández Tovalin, el ex diputado Humberto López Barraza y Hugo Abel Castro Bojorquez, quien recientemente presentara su libro "Como Ganar Elecciones". Nadie, en su sano juicio, se atrevería a comprarlo. Todos estos "cerebros" fueron vendidos como "estrategas electorales" pues todos estos "ex" fueron los artífices del triunfo tricolor en Baja California. Eso dicen.  No se ría.

Comentarios: cicuta45@gmail.com