Ø La intención es proteger el patrimonio y la integridad de las familias bajacalifornianas, afirma la diputada Rosana Soto
Ø La Legisladora dio seguimiento a problemáticas en terrenos ubicados en Residencial del Valle ante autoridades municipales y estatales
Tijuana, B. C., viernes 18 de febrero de 2011.- La Presidente de la Comisión de Hacienda de la XX Legislatura Local, Rosana Soto Agüero, analiza la necesidad de establecer sanciones más severas para desarrolladores que construyan viviendas en zonas riesgosas o sin realizar los estudios y los procedimientos que marca la ley.
Luego de una reunión que sostuvo con el secretario de Desarrollo Urbana del Ayuntamiento de Tijuana David Navarro, en seguimiento a los problemas de hundimientos y fracturas que presentan los hogares de mil 500 habitantes de Residencial del Valle, la Legisladora advirtió que en el Congreso Estatal de buscará se estas faltas no solo sean consideradas como responsabilidades civiles, sino también penales.
Respecto al tema particular de los mil 500 colonos de Residencial del Valle, problemática atendida personalmente por la diputada, la autoridad municipal inició la reunión de documentos referentes a permisos de construcción otorgados a la constructora Melo, para determinar responsabilidades de las fallas estructurales de las viviendas.
Tanto la Congresista, como el Ayuntamiento y los afectados acordaron recurrir al Colegio de Ingenieros de Tijuana para que emitan un punto de vista técnico e imparcial sobre este asunto.
La próxima semana se integrará una mesa técnica en la que el Congreso, especialistas de la Dirección de Administración Urbana, autoridades estatales y representantes de los colonos elaborarán una agenda para buscar una solución conjunta al problema.
Soto Agüero puntualizó que, independientemente de que haya intereses particulares implicados en este asunto, la prioridad de los Legisladores, en su papel de representantes populares, es velar por la integridad de la población; asimismo reiteró que, a través del desempeño legislativo se buscarán consensos para que dentro del marco jurídico se prevenga la creación de zonas habitacionales que no cumplan con los requerimientos de seguridad que establece la normatividad.
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