Reconoce Secretario de Gobierno adquisición de equipo para intervenir llamadas.

 Reconoce Secretario de Gobierno adquisición de equipo para intervenir llamadas

 

Cuestiona JFGM lo dicho por el Secretario de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona quien le aseguró que el Secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa en todo caso es quien podría grabar llamadas a solicitud expresa del Gobernador

Justifica Cardona Benavides asunto del espionaje y asegura que es un "tema de morbo".

Congreso sustenta con pruebas documentales la compra millonaria de equipo, software y capacitación de empleados para intervención y grabación de llamadas

 

Mexicali, B. C., A pesar del esfuerzo por encubrirlo, se acreditó que el Gobierno del Estado cuenta con un sistema de espionaje con pruebas documentales, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso, Julio Felipe García, comprobó que el Gobierno del Estado compró equipo, software y capacitó a servidores públicos para la intervención de llamadas telefónicas, hecho que fue aceptado por el Secretario General de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona Benavides y que se sustenta con las facturas a nombre del gobierno del estado, donde se detallan los conceptos de las adquisidores y capacitaciones mencionadas.

Previo a la comparecencia de Cardona Benavides, el Secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa y el Procurador de Justicia Rommel Moreno habían negado que en sus dependencias contaran con la tecnología, el equipo y personal capacitado para intervenir llamadas telefónicas, no obstante que las facturas exhibidas demuestran que se cuenta con un sistema de espionaje mismo que es ilegal como se suscribe en el Artículo 16 Constitucional que establece:

"Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas". "Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor".

Así mismo, el Artículo 177 del Código Penal Federal señala: "A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de 300 a 600 días multa"

Durante la comparecencia de los Secretarios de Gobierno, de Seguridad y el Procurador General de Justicia del Estado ante los Integrantes de la Junta de Coordinación Política, el Diputado Julio Felipe García reveló documentación producto de auditorías federales y estatales a los que son objeto el Gobierno del Estado, de las cuales se evidenció una serie de facturas expedidas por la empresa "Safeguard Products of México", en la cual se detallan adquisiciones y pago de servicios que proporciona dicha empresa, para la intervención de líneas telefónicas.

Las compras ascienden a varios millones de pesos y destacan la adquisición de un sistema de grabación de líneas telefónicas analógicas de un costo de 48 mil dólares, tres estaciones de vigilancia GSM multibandas con un costo de 402 mil dólares cada una y de 3 geolocalizadores de objetos y mapeo de un costo unitario de 3 mil dólares, así como el pago de dos servicios de capacitación para investigadores técnicos en monitoreo electrónico "Penlik" de 13 mil 500 dólares impartido a cinco personas. El servicio de "Penlink"  produce intercepción de datos y vigilancia de los equipos y programas informáticos que incluye entre otros: líneas de teléfono alámbricas, inalámbricas, satelitales 3G, entre otras.

Durante la comparecencia, el Diputado Julio Felipe García le recordó a Cardona Benavides la revelación que le hizo en  una reunión formal entre el Secretario de Gobierno y el Presidente de la Comisión Instructora del Congreso, cuando Cardona Benavides le aseguró a García Muñoz que sólo el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel de la Rosa, es el único capaz de poder intervenir y grabar conversaciones telefónicas a solicitud expresa del titular del Ejecutivo del Estado, José Guadalupe Osuna Millán.

Así mismo, en entrevista posterior a la comparecencia Cardona Benavides aseguró que el equipo con el que cuenta el Gobierno del Estado "no es para espiar a políticos o ciudadanos", sin embargo, nunca aclaró que existan medidas para garantizar que el equipo adquirido no sea utilizado para tales fines.

Las comparecencias de los tres integrantes del gabinete del Gobierno estatal fueron presididas por el Diputado Gregorio Carranza y asistieron los Diputados: Claudia Agatón, Rubén Alanis, Alfonso Garzón, Juan Montejano, Rosana Soto, Virginia Noriega, Carlos Murguía, Rubén Fernández, Arcelia Galarza, Ricardo Magaña, María del Rosario Rodríguez y Máximo García.

Dentro de los cuestionamientos hechos a los representantes del gobierno estatal destacó la exigencia de explicar ¿porqué? el Jefe de Información de Comunicación Social del Gobierno Estatal se encargó en difundir la grabación obtenida ilegalmente, producto de la intervención telefónica hecha al Diputado Elí Topete, ante lo que el Secretario de Gobierno contestó que fue "por un asunto de morbo", a lo que García Muñoz le replicó: "precisamente el morbo del gobierno el que nos tiene éste día aquí exigiendo una explicación".