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Cicuta

Jaime Flores Martínez

Tiro

Aterrados por la posibilidad de caer en el infierno del arraigo, algunos mandos militares han decidido manejarse en un bajo perfil para mantenerse alejados los reflectores. El arraigo del General de división Tomás Ángeles Dauahare mantiene nerviosa a la milicia mexicana.

El más reciente libro del periodista José Reveles, invade el espinoso tema de la corrupción que envuelve a una buena parte de la Secretaria de la Defensa Nacional. Al menos en el libro "Levantones, narco-fosas y falsos positivos", se aborda (con nombres y números de averiguación previa) los casos donde militares de alto rango se han visto involucrados en ilegalidades.

Pareciera que "todo el mundo" participa en este corrupto "modus operandi", señala el texto de Reveles  que salió a la venta en octubre pasado. Reveles cruza la delgada línea de la milicia, al referirse al asunto  de permitir el tráfico de armas decomisadas. Los almacenes del ejercito funcionan como centros de distribución de armas, aunque también se refiere que "al menos tres generales manejan en Baja California una empresa dedicada a la renta de guardaespaldas".

Cicuta se ha referido a la empresa Servicio Integral de Protección y Defensa (Sipd), un consorcio donde los guardaespaldas son militares retirados que utilizan su propio armamento. Según el periodista Reveles los militares que se encuentran detrás de esa empresa es el actual comandante de la segunda región militar, general  Alfonso Duarte Mujica,

Además de Duarte está el General Tomás Ángeles Dauahare, quien se encuentra arraigado por la PGR desde mediados de mayo, acusado de eventuales vínculos con la delincuencia organizada. El tercer involucrado es el director general de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) general de brigada José Luis Ramón Velasco Guillén.

El libro de Reveles señala que Ramón Velasco Guillén exigió la contratación de servicios de empresas de seguridad privada (manejadas por militares de alto rango) a los integrantes de la Cámara de la Industria de Transporte de Explosivos. Aparentemente esta exigencia se deriva del riesgo que representa que ese peligroso material caiga en manos criminales que pudieran generar actos indeseables. En otras palabras el general José Luis Ramón Velasco Guillén intentaría evitar otro capítulo de la terrible escenificación de Rápido y Furioso versión Mexico.

Hay un capitulo al final de ese libro denominado "Armas oficiales, negocios de militares" donde  el comunicador se refiere al incidente registrado el 4 de junio de 2010 en la residencia del empresario Jorge Hank Rhon de Tijuana. Esta madrugada irrumpieron dos decenas de militares en la búsqueda de armamento.

 Los militares encontraron una importante cantidad de armas de fuego aparentemente al interior de una de las habitaciones. Hank fue arrestado y trasladado a un penal en el centro del país, aunque tres días  después abandonó esa prisión por falta de elementos. Aunque el escándalo fue mayúsculo, la sensación que quedó en los detractores de Hank es que el gobierno federal cometió muchos errores en el procedimiento y por eso Hank salió del brete legal.

Ésos enemigos cacarean que el presidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa está decidido a meterlo a la cárcel antes de concluir su gestión. Cualquier motivo sería suficiente para ello. Aquella madrugada (parece mentira) un par de cámaras instaladas del otro lado de la acera fueron vitales para que Jorge Hank resultará absuelto de la acusación sobre de tráfico de armas.

Aunque "se volteo para otro lado" la autoridad federal comprobó que las armas localizadas en la casa de Hank en realidad perteneciente a delincuentes que había sido capturados por los propios militares. Ese armamento debía estar en poder del ejército. ¿Qué hacían entonces en casa de Hank?.

La respuesta es que mandos militares permitieron que los policías municipales encargados de la custodia de Hank tuvieron acceso a las armas utilizadas por sicarios. El escándalo de corrupción pudo aumentar el nivel a niveles extraordinarios, aunque alguien se encargó de echarle tierrita el asunto.

 Basta recordar que, en aquel tiempo, el secretario de seguridad pública era el teniente coronel Julian Leyzaola Pérez y el director de la Policía era el militar  Gustavo Huerta Martínez. Ambos fueron visualizados como responsables de sacar el armamento el cuartel militar para entregarlo a los policías que cumplían labores de custodios. ¡Por eso los militares se jalaron los cabellos!. José Reveles ilustra este hecho con una frase lapidaria: los militares se dieron un balazo en el pie.

Hasta hoy no se ha dicho que Gustavo Huerta Martínez labora actualmente como asesor de la empresa de seguridad Servicio Integral de Protección, Escolta y Defensa (Siped)), cuyas cabezas visibles son dos personas de cuestionable reputación. Una de estas se apellida Parra y la otra Hernández.

Siped nació al romperse la sociedad con los mandos militares que pretendían manejar esa agencia de seguridad como si fuera el ejercito, pero más rentable. En el reacomodo de la sociedad quedaron las cónyuges de algunos militares, aunque los apellidos de otros tantos permanecieron.

Hoy se sabe que el general de brigada José Luis Ramón Velasco Guillén, director general de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la SEDENA  llegó a Tijuana para intentar minimizar el gigantesco escándalo de las armas enfundadas en la cintura de los policías de Tijuana. La intención de fondo fue  tapar la evidente complicidad de los mandos militares. Antes de salir Felipillo habrá trofeos color pradera.

Comentarios; cicuta.info  cicuta45@gmail.com twitter@cicutajaime

 

Jaime Flores Martinez