Cicuta
Jaime flores Martínez
Majaderos
Decididos a cumplir con la orden girada por sus jefes, los elementos de la Policía Municipal de Tijuana ignoraron la oposición de los taxistas. Al grupo de uniformados le importó un pepino que los choferes mostraran la copia de una suspensión definitiva otorgada por el juzgado decimo sexto de distrito. Los gendarmes regalaron una sonrisa y luego escupieron que "esos papelitos les valían madre".
El incidente se registró al filo de las 3 de la tarde del pasado martes, en un predio ubicado frente al aeropuerto de Tijuana. Hasta ahí llegaron una decena de unidades de la Policía Municipal, tripuladas por policías enviados por el delegado de la Mesa de Otay Jorge Castro Zapien y el jefe de Distrito de Otay Jaime Ruiz Santana.
Con un lenguaje similar al que utilizan las personas que nacen debajo de los lavaderos, los policías municipales levantaron los hombros al escuchar que los taxistas contaban con permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tener su base en ese sitio. Esto quiere decir que los taxistas aludidos pertenecen al ámbito federal y por ello prestan el servicio en el aeropuerto de Tijuana.
Aquí puede estar el detalle que empuja al delegado de Otay a violentar las leyes. Sépase que los taxistas de Tijuana no tienen autorización para recoger pasaje en la terminal área local. La normatividad general lo impide. Los taxistas locales solamente pueden transportar pasaje a la central aérea de Tijuana pero nunca levantar pasajeros.
Se supone que los taxistas federales se instalaron enfrente del aeropuerto para realizar sus labores habituales. La sospecha es que el gobierno municipal, a través del delegado y el jefe de distrito policiaco, realizan el trabajo sucio para beneficiar algún transportista local cuyo rostro está oculto por ahora. Desde luego que esta persona, sin cara y sin nombre, debe simpatizar con el color rojo verde y blanco, además de simpatizar con el hombre que despacha como jefe en el edificio principal de la Zona del Rio.
Después de una hora de acalorada discusión entre choferes y los malhablados policías, alguno de estos se comunico con sus jefes para explicar la resistencia de los taxistas. Se supone que ese personaje ordenó que los policías se retiran del lugar, no sin antes advertirles que debían colocarse unos 10 metros atrás.
El asunto llama la atención, pues está claro que el delegado Jorge Castro es un ignorante absoluto de las leyes. El señor Castro desconoce que la determinación de un juez federal es inapelable. Una suspensión definitiva no puede ignorarse. Esta claro que dos funcionarios municipales invadieron el ámbito federal y eso es gravísimo. El juez encargado del caso puede llamar a cuentas al propio alcalde Carlos Bustamante Anchondo. De la misma forma el jefe de distrito de Otay Jaime Ruiz Santana podría provocar que el juez decimo sexto de distrito cite al secretario de seguridad pública Alberto Capilla Ibarra.
Capilla y Bustamante saben que violar una suspensión provisional es motivo suficiente para destituirlos de su cargo, consignarlos e incluso procesarlos. El 28 mayo pasado el juez en mención concedió la suspensión definitiva (240/2012 )a este grupo de taxistas, lo que significa que las cosas deben mantenerse como están. Éste grupo de 30 taxistas no pueden ser retirados, lanzados o desalojados de ese inmueble, pues de esta manera se evita que se violenten las garantías constitucionales. Pareciera que el señor delegado y el señor jefe distrito mandan a sus muchachitos sin saber el daño que podrían causarle a sus superiores pues en este caso se trata de un mandamiento que la autoridad judicial competente. No respetarlo es un delito. Barreto lo sabe.
Azul
La procuraduría estatal intenta ubicar al responsable del incidente ocurrido el martes 29 mayo, en una gasolinera de Fundadores. La fiscalía estatal investiga a Gabriel Arellano Dueñas, quien funge como asesor de un empresario gasolinero
Arellano tiene un amplio currículo en las filas de la policía municipal de Tijuana. Este hombre realizó la llamada "anónima" esa noche para advertir que sujetos descargaban combustible de manera ilegal en este expendio. Todos saben que los municipales llegaron, arrestaron a los empleados e incautaron la camioneta que trasportaba tibores de gasolina aparentemente robada.
El pasado lunes Cicuta reveló que se trata de una venganza estructurada por resentidos competidores. Los de enfrente están furiosos porque la competencia le quita los clientes. En las gasolineras de la competencia se venden litros de a litro y con ello están en desventaja.
Arellano Dueñas, le habría sugerido a sus patrocinadores sembrar tibores de gasolina aparentemente robada para desacreditar a los dueños de esa empresa capitalina. Sin embargo, la procuraduría estatal detectó que jaloneo había sido generado por el residente de una exclusiva zona en San Diego.
Los investigadores conocieron que Gabriel Arellano Dueñas siempre estuvo protegido por un personaje identificado como Ángel Francisco Terrazas, a su vez apoderado de otro personaje de dudosa reputacion. Ambos originarios del Estado de Sinaloa. Arellano Dueñas estaba bien cobijado.
Para curarse en salud, Arellano despachó en 2007 en la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. Además de ser jefe de escoltas también fue subdirector de la policía sin tener antecedentes policiacos. Al menos no desde el punto de vista operativo. Alguien le creó la Dirección de Planeación e Inteligencia de la Secretaría. El señor Arellano hizo amistad con el panista Marco Antonio González Arenas, quien fungió como síndico Procurador en la época gubernamental de Francisco Vega de la Madrid.
Comentarios; cicuta.info cicuta45@gmail.com twitter@cicutajaime
Jaime Flores Martinez
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