Cicuta
Jaime Flores Martínez
Descobijados
Impresionados por el millonario negocio que algunos Estados hacen "a costillas" del Ejercito al rentar policías comerciales, una tercia de militares decidieron fundar su propia empresa de seguridad.
Entre los tres militares, decidieron despojar a Estados y municipios de su jugosísimo negocio. Tan solo el gobierno de Tijuana obtiene más de 80 millones de pesos mensuales por rentar policías comerciales para custodiar empresarios o vigilar negocios. Esto lo confirmo hace semana y media el propio alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo.
La autoridad local aprovecha la licencia colectiva otorgada por la Secretaria de la Defensa Nacional para ofertar policías con armamento que debía estar bajo resguardo de la propia milicia. Al menos el gobierno de Tijuana aprovecha que el jefe de la Policía Municipal Gustavo Huerta Martínez es un militar retirado, igualito que el ex secretario de seguridad pública, teniente coronel Julián Leyzaola Pérez.
Los tres mandos militares están convencidos que entidades como Yucatán, Tabasco, Coahuila, Baja California y muy especialmente el Estado de México, generan ganancias millonarias gracias a la licencia colectiva de portación de armas. Un periodista bajacaliforniano dijo que –sin lugar a dudas-- a la autoridad le convenía mas rentar policías que mandarlos a cuidar a la comunidad.
El pasado 11 de enero la Secretaria de la Defensa Nacional mando un oficio a los gobiernos dedicados a rentar policías para informarles que esta práctica era ilegal. Ellos, los gobernantes, no debían permitir que los policías armados realizaran labores de vigilancia en negocios o empresas. Tampoco podrían mandar policías armados a desempeñarse como guardaespaldas.
Desde mediados de junio, empresarios y comerciantes de Tijuana "pegaron el grito en el cielo". ¡!No es posible que la Sedena prohíba a los gobiernos comisionarles policías armados¡. ¡Qué inconscientes!. -¿Que no ven que la inseguridad los convierte en seres altamente vulnerables?
Esos empresarios se reunieron alarmados con el alcalde de Tijuana Carlos Bustamante Anchondo, quien sorpresivamente salió de su marasmo para buscar posibles soluciones. A mediados de Julio Bustamante declaro orondo que la utilización de policías en labores de vigilancia privada se había ampliado hasta finales de año. Su negociación había prosperado. Uff, que respiro.
Lo que ignoran esos empresarios (y quizá el propio gobierno) es que el secretario de la Defensa Nacional Guillermo Galván Galván descubrió que una tercia de militares son los responsables de urdir un plan para quedarse con las ganancias que entrega a los Estados la renta de policías.
Desde el; mas alto nivel, sin informarle al general Galvan, se diseño estrategia que inicio con un oficio enviado por el director general de Armas de Fuego y Explosivos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), general José Luis Ramón Velasco Guillen. Este último firmo el oficio de prohibición a los gobiernos dedicados a rentar policías.
Animados por las millonarias ganacias, estos militares pudieron contabilizar las ganancias que deja la renta de policías. Si en Tijuana se obtienen 80 millones de pesos mensuales por comisionar a unos 3 mil policías, ¿Cuanto obtendrá el Estado de México donde se rentan poco menos de 60 mil policías? !Es un negocio millonario que hacen con la licencia colectiva que otorga la SEDENA!
Se sabe que esos tres militares (de altísimo rango), decidieron a principios de esta año integrar una empresa denominada Servicios Integrales de Seguridad cuya licencia colectiva seria avalada, claro, por la SEDENA. En cuanto entrara en vigor la prohibición a los gobiernos para rentar policías, en ese momento entraría al rescate la empresa SIS. De esta forma los empresarios contarían con guardias armados, los gobiernos practicantes no dejarían sin empleo a los policías comerciales y las ganancias se irían completitas a sus bolsillos. ¡Negocio redondo!
Sin embargo, la irrupción militar en la residencia del empresario Jorge Hank la madrugada del 4 de junio, dio al traste con el ambicioso negocio de este trío.
Algunas de las armas que portaban los guardias de la casa de Hank, debían estar en la bodega del cuartel. ¿Que hacían entonces en manos de esos guardias? Resulta que esos guardias eran policías comerciales rentados a Hank para resguardo de Grupo Caliente y –por su puesto-- esas armas fueron sacadas por los jefes de la Policía Municipal que --en este caso-- son militares aparentemente retirados aunque periódicamente usados por la SEDENA.
El general secretario Guillermo Galván mando al general Guillen Velasco a Tijuana para investigar tamaña irregularidad, aunque paralelamente abrió otra investigación por instrucciones del presidente Felipe Calderón. El general Galván se cercioro que la idea era utilizar la estructura usada por los gobiernos para retacarse los bolsillos verde olivo.
Se supone que el general Galván descubrió el siniestro plan y se supone que al menos un militar de altísimo rango comisionado en Baja California, se encuentra "hasta el cuello" en este asunto. Se supone que en las próximas horas el general Galván ordenara remociones sin justificar los cambios. Está claro que al Ejército no le conviene ventilar este tipo de escándalos pero Galván Galván está obligado a responder a las indicaciones giradas por el presidente Calderón.
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