Jaime Flores Martínez
Escama
Enredado en su desesperación por pasar desapercibido, al procurador de Baja California Rommel Moreno Manjarréz no le importa estrellarse contra sus incongruencias.
Apenas la semana pasada, el Visitador General de la Procuraduría de Justicia del Estado (PJGE) Joel Dueñas, citó en Mexicali a los policías ministeriales que recientemente exoneraron de supuestos vínculos con el narco. Ellos abandonaron una prisión en el Estado de Veracruz luego de casi dos años de encierro.
Todos los policías fueron exculpados de los "cargos inventados" por la autoridad en julio del 2010. Ellos nunca estuvieron vinculados con el narcotráfico. Todos eran inocentes, aunque su regreso a Tijuana resulto en la prolongación de su pesadilla. La Procuraduría estatal les notificó que habían perdido su trabajo. Por instrucciones del procurador, el propio Joel Dueñas les dijo que estaban dados de baja "por pérdida de confianza".
Resulta que --por decreto presidencial--, todos los policías sean investigados no pueden regresar a su trabajo. El presidente Felipe Calderón mostró su lado injusto al tratar a policías inocentes y pillos con el mismo rasero. Aunque sean inocentes esos policías no recuperarán su trabajo. Es el caso de los ministeriales, la semana pasada fueron a Mexicali simplemente conocer que estaban destituidos.
El argumento que utiliza la autoridad es muy simple: "pérdida de confianza". Hasta hoy los esfuerzos realizados por muchos policías que resultaron exculpados han resultado vanos. Muchos de ellos no saben hacer otra cosa. Toda su vida fueron policías y a eso están acostumbrados. Hoy no tienen la confianza de la autoridad porque estuvieron presos, aunque resultaron exculpados.
La mañana del 18 agosto 1998, un par de oficiales ministeriales (entonces policías judiciales del Estado), llegaron a la oficina de un conocido abogado que despachaba justo frente a las instalaciones de la comandancia estatal. Era un viejo edificio localizado enfrente de la procuraduría. Pidieron hablar con el joven abogado a quien le informaron que una persona detenida quería verlo.
El susodicho salió de su oficina y los policías judiciales que colocaron las esposas. El juez Sexto le había girado una orden de aprehensión con la causa penal número 430/98. Resulta que un médico, propietario de una clínica localizada en la zona de Otay, había acusado a su abogado de fraude procesal. Los policías llevaron al detenido a los separos y después lo trasladaron a la cárcel pública municipal, cuyas instalaciones fueron demolidas a principios de este año. El mentado abogado pasó al menos 72 horas preso.
Sin embargo, no hay duda, al paso de los años la mente se nubla. Alguien debe recordar que aquel abogado acusado de "fraude procesal" ahora mismo despacha ahora como Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de justicia del Estado en Tijuana. El licenciado Sergio Alberto Lagunas es el jefe de todos los agentes del Ministerio Público de Tijuana. A Lagunas nadie le ha perdido la confianza.
De seguro el procurador ignora el pasado del abogado que nombró recientemente titular de Averiguaciones Previas en Tijuana. Sergio Alberto Lagunas, quien presume ser protegido del actual secretario del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, Ismael Chacón Guereña. Con tal de demostrar sus influencias y su poder, el señor Lagunas advierte a sus subalternos que puede correr a cualquiera. Sus propios empleados afirman que la soberbia caracteriza a Lagunas.
Ésos mismos trabajadores se preguntan ¿cómo licenciado Sergio Alberto Lagunas pudo haber borrado los filtros colocados por el centro de control y confianza que tanto pregonan el gobernador José Guadalupe Osuna Millán y cacarea el procurador de justicia del Estado?. Con el solo hecho de haber estado preso tres días ¡ ya no tendría derecho a conservar su trabajo!. Sin embargo pareciera que es "selectivo" permitir que personas "sin confianza" ocupen espacios en el gobierno.
La procuraduría estatal "juega el dedo en la boca" a los ciudadanos. Tratan a la sociedad como un ejército de retrasados mentales. Pareciera que el procurador no se da cuenta que sus mentiras son detectadas.
Como un ejemplo Cicuta recuerda el bochornoso caso del robo de dinero en la agencia del Ministerio Público encargada de atender los delitos sexuales. El 9 de enero, se descubrió que alguien se había robado 21 mil 769 dólares 67 mil 173 pesos de una caja de cartón abandonada en una de los cuartos. . Ese dinero era la fianza de bares de la zona norte que aparentemente se dedicaban a la trata de personas. Nadie se quiso hacer responsable del dinero y al pasar los días alguien se lo robó.
La entonces encargada de Averiguaciones Previas Josefina Palencia Espinoza acuso a un ministerial y luego apoyo el cese de los agentes del ministerio público Antonio Martínez Fonseca y Martín Sánchez Puerta. A mediados de mayo, el visitador de la Procuraduría Joel Dueñas citó a conferencia de prensa para informar que "estos dos agentes del ministerio público habían sido cesados". Cicuta conoció, sin embargo, que Sánchez Puerta renunció un mes antes, mientras que Antonio Martínez Fonseca fue reinstalado en la dependencia. Joel Dueñas mintió al anunciar que habían sido cesados.
Arias
Un amigo querido llamó el viernes al columnista para interceder por la actual regidora Verónica Corona. En algunas ocasiones el nombre de la licenciada Corona se ha publicado en este espacio. El autor de esta columna dijo a su amigo que las alusiones no son --de ninguna manera--personales. En atención a este gran amigo y debido a que no existen cuestiones personales en la crítica, Cicuta pasará de largo ante asuntos relativos a la ex-directora del Parque Morelos. Simplemente será ignorada. ¡Que metiche!
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Jaime Flores Martinez
